Fuente: Diario El Chubut
El defensor general de la provincia, Arnaldo Hugo Barone, opinó que el método de las tobilleras para controlar el cumplimiento de las prisiones domiciliarias, «es un paso adelante que permite la tecnología, donde la persona puede ser monitoreada muy fácilmente», y en este sentido aseguró «nos parece una excelente idea, que está muy probada por otra parte. Y que sirve para desagotar prisiones atestadas en los casos de los delitos más leves».
Explicó que de acuerdo a las experiencias en otras zonas, el método consiste en «imponer expresamente un perímetro máximo para su deambulación y que en forma inmediata la pulsera debiera informarle a una central en la cual se están monitoreando en todas las pulseras». Para Barone, «la pulsera es una morigeración de la prisión preventiva, y nos parece una excelente idea. No tengo idea de cuál es el proyecto del gobierno -adelantado a EL CHUBUT por el secretario de Justicia, Diego Martínez Zapata- porque no lo conozco ni oficial ni extraoficialmente».
Respecto a la estadística sobre los internos en Chubut, sostuvo Barone que «si nosotros partimos de que todas las personas detenidas en establecimientos federales o provinciales por órdenes de jueces de Chubut, no supera las 500 personas. Entre ellas contamos a los privados de su libertad durante el proceso y a los condenados». Ante estos números, indicó que «no se necesitarán millares de pulseras para que cumplan su cometido. Yo sinceramente, y esto lo digo como número al azar, supongo que para empezar una provisión de 50 pulseras debiera alcanzar porque estamos hablando del 10 por ciento de las personas privadas de su libertad», concluyó Barone.
martes, 15 de febrero de 2011
domingo, 13 de febrero de 2011
Prisión domiciliaria: quieren obligar el control electrónico
Fuente: Diario Jornada
El gobierno comprará 100 tobilleras electrónicas pero quiere que los jueces ordenen su uso cada vez que otorgan el beneficio. Dicen que así liberan a los policías de hacer custodias. Lo confirmó el secretario de Justicia.
Explicación. Martínez Zapata sostuvo que el nuevo método ahorra plata y descongestiona las cárceles.
El gobierno provincial quiere obligar a los jueces a ordenar el uso de las tobilleras electrónicas cada vez que se disponga una prisión domiciliaria en Chubut. Para lograrlo se elevará un proyecto de ley que modificará el inciso 1 del artículo 227 del Código Procesal Penal. Actualmente, este inciso sólo habla del arresto domiciliario en la propia casa del involucrado “o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que se disponga”. Según el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Diego Martínez Zapata, la intención es añadir una frase que imponga “la obligación del uso de medios electrónicos” para estas personas.
El funcionario ya prepara los pliegos para licitar en este semestre la compra de 100 tobilleras. Esperan que su uso haga más efectivo el control de las detenciones domiciliarias y a la vez libere a los policías que hoy están obligados a efectuar rondines para evitar que nadie escape de su casa. Se estima que hay entre 60 y 80 presos con este beneficio.
Zapata confirmó que está en pleno armado “un proyecto de modificación muy sencillo de algunas palabras del artículo 227, para agregarle la obligación de que el juez que dé prisión domiciliaria aplique la tobillera”. Aunque la actual redacción del Código permitiría interpretarlo a favor del uso del sistema, “para evitar planteos, dudas o discrepancias es prudente trabajar este cambio para que esté clarito. El uso de las tobilleras no es taxativo en el Código y por eso esta iniciativa legislativa que hablaremos sobre todo con la diputada Mariana Ripa, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales”.
Una vez programada, la tobillera deja que el detenido se mueva en un perímetro limitado que si traspasa se detecta de inmediato en un centro de monitoreo. “La idea también es liberar a la policía de los rondines y dedicarla netamente a la prevención”, explicó el secretario. Por otro lado consideró que las tobilleras permitirán bajar el gasto en horas hombre, patrulleros e insumos para el control de detenidos. El sistema incluirá una radiofrecuencia que limitará el movimiento de los detenidos. El personal lo proveerá la empresa que gane la licitación pero también habrá gente propia, del área de Política Penitenciaria de la provincia.
El uso de cada tobillera costará 60 pesos diarios; será un comodato que incluirá la instalación del software más el servicio de monitoreo y el personal. “La Provincia se ahorra tener que poner mucha gente a sueldo del Estado para el control”, dijo Zapata, quien comparó con los 37,50 pesos diarios que Chubut ya paga por cada preso provincial alojado en el Servicio Penitenciario Federal, sea Esquel o Rawson. Ese convenio con Nación pronto subirá a 75 pesos diarios aunque se trabaja para bajarlo. En este sentido, para el secretario las tobilleras serán un ahorro y permitirán descongestionar lugares de detención. “En provincia de Buenos Aires hay 300 pulseras para 26 mil detenidos, así que con 100 pulseras estaremos holgados ya que no tenemos más de 550 detenidos”.
El funcionario ya prepara los pliegos para licitar en este semestre la compra de 100 tobilleras. Esperan que su uso haga más efectivo el control de las detenciones domiciliarias y a la vez libere a los policías que hoy están obligados a efectuar rondines para evitar que nadie escape de su casa. Se estima que hay entre 60 y 80 presos con este beneficio.
Zapata confirmó que está en pleno armado “un proyecto de modificación muy sencillo de algunas palabras del artículo 227, para agregarle la obligación de que el juez que dé prisión domiciliaria aplique la tobillera”. Aunque la actual redacción del Código permitiría interpretarlo a favor del uso del sistema, “para evitar planteos, dudas o discrepancias es prudente trabajar este cambio para que esté clarito. El uso de las tobilleras no es taxativo en el Código y por eso esta iniciativa legislativa que hablaremos sobre todo con la diputada Mariana Ripa, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales”.
Una vez programada, la tobillera deja que el detenido se mueva en un perímetro limitado que si traspasa se detecta de inmediato en un centro de monitoreo. “La idea también es liberar a la policía de los rondines y dedicarla netamente a la prevención”, explicó el secretario. Por otro lado consideró que las tobilleras permitirán bajar el gasto en horas hombre, patrulleros e insumos para el control de detenidos. El sistema incluirá una radiofrecuencia que limitará el movimiento de los detenidos. El personal lo proveerá la empresa que gane la licitación pero también habrá gente propia, del área de Política Penitenciaria de la provincia.
El uso de cada tobillera costará 60 pesos diarios; será un comodato que incluirá la instalación del software más el servicio de monitoreo y el personal. “La Provincia se ahorra tener que poner mucha gente a sueldo del Estado para el control”, dijo Zapata, quien comparó con los 37,50 pesos diarios que Chubut ya paga por cada preso provincial alojado en el Servicio Penitenciario Federal, sea Esquel o Rawson. Ese convenio con Nación pronto subirá a 75 pesos diarios aunque se trabaja para bajarlo. En este sentido, para el secretario las tobilleras serán un ahorro y permitirán descongestionar lugares de detención. “En provincia de Buenos Aires hay 300 pulseras para 26 mil detenidos, así que con 100 pulseras estaremos holgados ya que no tenemos más de 550 detenidos”.
jueves, 10 de febrero de 2011
Fiscal fue recusada ya que insiste en archivar la muerte de "Pinky" Peralta
Nota extraída del diario El Chubut
10/02/2011
Durante una audiencia en Rawson, en la que fue aceptada la madre de la víctima como querellante, fue recusada la fiscal Antonia Suárez García, por insistir en archivar la causa de la muerte de Alejandro Peralta (a) «Pinky» de Comodoro Rivadavia, que apareció flotando en el río Chubut, luego de estar un mes desaparecido entre Puerto Madryn y Trelew, tras una detención policial en el Golfo.
La representación de la abogada Claudia Jones, tuvo un duro cruce con la fiscal que fue recusada por ambas, y la correspondiente réplica, la letrada y la madre de «Pinky» a raíz de la ostensible posición en juego que mantiene desde el 2009.
La querella que fue aceptada por el juez Roberto Barrios, dijo que había «pruebas suficientes para investigar», enarbolando «el derecho a la víctima que tiene la madre en saber qué pasó con su hijo». La parte enfoca sus sospechas en las persona que acompañaba a Peralta cuando éste, en ómnibus, salió de Comodoro Rivadavia rumbo a La Salada en Buenos Aires y nunca llegó, ya que ambos, «Chacho» y «Pinki» se bajaron en Puerto Madryn.
La letrada dijo que la fiscal le ordenó a una perito policial «que no le entregara fotografías de la causa a la querellante, porque no es nadie y no está aceptada».
La fiscal por su parte insistió en que -habiendo archivado la causa en dos oportunidades y reabierta únicamente por orden del juez Barrios y la fiscal jefe Mirta Moreno- que «no hay delito para determinar el origen de la muerte». Recordó que «la fiscal jefe me ordenó una nueva autopsia, que no arrojó nada nuevo, ya que si no tengo la causa de la muerte no puedo establecer si hay un homicidio».
Expresó que comprendía «la preocupación de la mamá (presente, luego habló) no me interesa lo que haya dicho la abogada» y negó haber manifestado que en esta causa, «se iban a acabar las habladurías», reiterando que «la muerte fue por asfixia por inmersión, no tenemos nada que investigar» y solicitó que «dejen en paz a este cuerpo que ha sido bastante manoseado».
Igualmente quedó pendiente la recusación de la fiscal que tendrá que hacerse en audiencia pública ante la fiscal jefe de la nombrada funcionaria
10/02/2011
Durante una audiencia en Rawson, en la que fue aceptada la madre de la víctima como querellante, fue recusada la fiscal Antonia Suárez García, por insistir en archivar la causa de la muerte de Alejandro Peralta (a) «Pinky» de Comodoro Rivadavia, que apareció flotando en el río Chubut, luego de estar un mes desaparecido entre Puerto Madryn y Trelew, tras una detención policial en el Golfo.
La representación de la abogada Claudia Jones, tuvo un duro cruce con la fiscal que fue recusada por ambas, y la correspondiente réplica, la letrada y la madre de «Pinky» a raíz de la ostensible posición en juego que mantiene desde el 2009.
La querella que fue aceptada por el juez Roberto Barrios, dijo que había «pruebas suficientes para investigar», enarbolando «el derecho a la víctima que tiene la madre en saber qué pasó con su hijo». La parte enfoca sus sospechas en las persona que acompañaba a Peralta cuando éste, en ómnibus, salió de Comodoro Rivadavia rumbo a La Salada en Buenos Aires y nunca llegó, ya que ambos, «Chacho» y «Pinki» se bajaron en Puerto Madryn.
La letrada dijo que la fiscal le ordenó a una perito policial «que no le entregara fotografías de la causa a la querellante, porque no es nadie y no está aceptada».
La fiscal por su parte insistió en que -habiendo archivado la causa en dos oportunidades y reabierta únicamente por orden del juez Barrios y la fiscal jefe Mirta Moreno- que «no hay delito para determinar el origen de la muerte». Recordó que «la fiscal jefe me ordenó una nueva autopsia, que no arrojó nada nuevo, ya que si no tengo la causa de la muerte no puedo establecer si hay un homicidio».
Expresó que comprendía «la preocupación de la mamá (presente, luego habló) no me interesa lo que haya dicho la abogada» y negó haber manifestado que en esta causa, «se iban a acabar las habladurías», reiterando que «la muerte fue por asfixia por inmersión, no tenemos nada que investigar» y solicitó que «dejen en paz a este cuerpo que ha sido bastante manoseado».
Igualmente quedó pendiente la recusación de la fiscal que tendrá que hacerse en audiencia pública ante la fiscal jefe de la nombrada funcionaria
jueves, 3 de febrero de 2011
Comienzan las tareas de control de la ejecución penal en la ciudad de Rawson
En virtud del acuerdo celebrado entre el Poder Judicial de la Provincia del Chubut; el Sr. Intendente de la Municipalidad de Rawson, Dn. Adrián López y la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del Dr. Diego Martinez Zapata; comenzaron las actividades destinadas al control de las personas liberadas condicionales; los condenados condicionales: como así también de los beneficiados con una suspensión del proceso a prueba.
Este acuerdo tiene como fin central avanzar en la reinserción social de las personas, detectando sus habilidades labores y/o profesionales; como así también, detectar las necesidades y requerimientos de las entidades de bien público a fin de lograr una vinculación entre los requerimientos y las prestaciones de servicios que puedan realizarse, logrando con esto satisfacer necesidades concretas de las personas involucradas y la sociedad en su conjunto.
Las tareas centrales serán gestionar y coordinar con las diversas instituciones de bien público, juntas vecinales, centros de formación y de capacitación y organismos específicos de la ciudad de Rawson.
A su vez, el trabajo incluye presentarse en los domicilios denunciados por beneficiados para efectuar el control, como así también en los lugares de trabajo y de capacitación donde asistan.
La supervisión de las tareas estará a cargo del Juez de Ejecución Penal, Dr. Alejandro Defranco y del Director de la Oficina Judicial de Trelew, Dr. Marcelo Nieto Di Biase.
Desde la Oficina Judicial se brindó a las profesionales destinadas para efectuar la tarea de campo el listado de las personas sobre las que se debe realizar el seguimiento del control, todas ellas domiciliadas en la ciudad de Rawson.
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