Fuente: Diario El Chubut
El defensor general de la provincia, Arnaldo Hugo Barone, opinó que el método de las tobilleras para controlar el cumplimiento de las prisiones domiciliarias, «es un paso adelante que permite la tecnología, donde la persona puede ser monitoreada muy fácilmente», y en este sentido aseguró «nos parece una excelente idea, que está muy probada por otra parte. Y que sirve para desagotar prisiones atestadas en los casos de los delitos más leves».
Explicó que de acuerdo a las experiencias en otras zonas, el método consiste en «imponer expresamente un perímetro máximo para su deambulación y que en forma inmediata la pulsera debiera informarle a una central en la cual se están monitoreando en todas las pulseras». Para Barone, «la pulsera es una morigeración de la prisión preventiva, y nos parece una excelente idea. No tengo idea de cuál es el proyecto del gobierno -adelantado a EL CHUBUT por el secretario de Justicia, Diego Martínez Zapata- porque no lo conozco ni oficial ni extraoficialmente».
Respecto a la estadística sobre los internos en Chubut, sostuvo Barone que «si nosotros partimos de que todas las personas detenidas en establecimientos federales o provinciales por órdenes de jueces de Chubut, no supera las 500 personas. Entre ellas contamos a los privados de su libertad durante el proceso y a los condenados». Ante estos números, indicó que «no se necesitarán millares de pulseras para que cumplan su cometido. Yo sinceramente, y esto lo digo como número al azar, supongo que para empezar una provisión de 50 pulseras debiera alcanzar porque estamos hablando del 10 por ciento de las personas privadas de su libertad», concluyó Barone.
martes, 15 de febrero de 2011
domingo, 13 de febrero de 2011
Prisión domiciliaria: quieren obligar el control electrónico
Fuente: Diario Jornada
El gobierno comprará 100 tobilleras electrónicas pero quiere que los jueces ordenen su uso cada vez que otorgan el beneficio. Dicen que así liberan a los policías de hacer custodias. Lo confirmó el secretario de Justicia.
Explicación. Martínez Zapata sostuvo que el nuevo método ahorra plata y descongestiona las cárceles.
El gobierno provincial quiere obligar a los jueces a ordenar el uso de las tobilleras electrónicas cada vez que se disponga una prisión domiciliaria en Chubut. Para lograrlo se elevará un proyecto de ley que modificará el inciso 1 del artículo 227 del Código Procesal Penal. Actualmente, este inciso sólo habla del arresto domiciliario en la propia casa del involucrado “o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que se disponga”. Según el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Diego Martínez Zapata, la intención es añadir una frase que imponga “la obligación del uso de medios electrónicos” para estas personas.
El funcionario ya prepara los pliegos para licitar en este semestre la compra de 100 tobilleras. Esperan que su uso haga más efectivo el control de las detenciones domiciliarias y a la vez libere a los policías que hoy están obligados a efectuar rondines para evitar que nadie escape de su casa. Se estima que hay entre 60 y 80 presos con este beneficio.
Zapata confirmó que está en pleno armado “un proyecto de modificación muy sencillo de algunas palabras del artículo 227, para agregarle la obligación de que el juez que dé prisión domiciliaria aplique la tobillera”. Aunque la actual redacción del Código permitiría interpretarlo a favor del uso del sistema, “para evitar planteos, dudas o discrepancias es prudente trabajar este cambio para que esté clarito. El uso de las tobilleras no es taxativo en el Código y por eso esta iniciativa legislativa que hablaremos sobre todo con la diputada Mariana Ripa, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales”.
Una vez programada, la tobillera deja que el detenido se mueva en un perímetro limitado que si traspasa se detecta de inmediato en un centro de monitoreo. “La idea también es liberar a la policía de los rondines y dedicarla netamente a la prevención”, explicó el secretario. Por otro lado consideró que las tobilleras permitirán bajar el gasto en horas hombre, patrulleros e insumos para el control de detenidos. El sistema incluirá una radiofrecuencia que limitará el movimiento de los detenidos. El personal lo proveerá la empresa que gane la licitación pero también habrá gente propia, del área de Política Penitenciaria de la provincia.
El uso de cada tobillera costará 60 pesos diarios; será un comodato que incluirá la instalación del software más el servicio de monitoreo y el personal. “La Provincia se ahorra tener que poner mucha gente a sueldo del Estado para el control”, dijo Zapata, quien comparó con los 37,50 pesos diarios que Chubut ya paga por cada preso provincial alojado en el Servicio Penitenciario Federal, sea Esquel o Rawson. Ese convenio con Nación pronto subirá a 75 pesos diarios aunque se trabaja para bajarlo. En este sentido, para el secretario las tobilleras serán un ahorro y permitirán descongestionar lugares de detención. “En provincia de Buenos Aires hay 300 pulseras para 26 mil detenidos, así que con 100 pulseras estaremos holgados ya que no tenemos más de 550 detenidos”.
El funcionario ya prepara los pliegos para licitar en este semestre la compra de 100 tobilleras. Esperan que su uso haga más efectivo el control de las detenciones domiciliarias y a la vez libere a los policías que hoy están obligados a efectuar rondines para evitar que nadie escape de su casa. Se estima que hay entre 60 y 80 presos con este beneficio.
Zapata confirmó que está en pleno armado “un proyecto de modificación muy sencillo de algunas palabras del artículo 227, para agregarle la obligación de que el juez que dé prisión domiciliaria aplique la tobillera”. Aunque la actual redacción del Código permitiría interpretarlo a favor del uso del sistema, “para evitar planteos, dudas o discrepancias es prudente trabajar este cambio para que esté clarito. El uso de las tobilleras no es taxativo en el Código y por eso esta iniciativa legislativa que hablaremos sobre todo con la diputada Mariana Ripa, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales”.
Una vez programada, la tobillera deja que el detenido se mueva en un perímetro limitado que si traspasa se detecta de inmediato en un centro de monitoreo. “La idea también es liberar a la policía de los rondines y dedicarla netamente a la prevención”, explicó el secretario. Por otro lado consideró que las tobilleras permitirán bajar el gasto en horas hombre, patrulleros e insumos para el control de detenidos. El sistema incluirá una radiofrecuencia que limitará el movimiento de los detenidos. El personal lo proveerá la empresa que gane la licitación pero también habrá gente propia, del área de Política Penitenciaria de la provincia.
El uso de cada tobillera costará 60 pesos diarios; será un comodato que incluirá la instalación del software más el servicio de monitoreo y el personal. “La Provincia se ahorra tener que poner mucha gente a sueldo del Estado para el control”, dijo Zapata, quien comparó con los 37,50 pesos diarios que Chubut ya paga por cada preso provincial alojado en el Servicio Penitenciario Federal, sea Esquel o Rawson. Ese convenio con Nación pronto subirá a 75 pesos diarios aunque se trabaja para bajarlo. En este sentido, para el secretario las tobilleras serán un ahorro y permitirán descongestionar lugares de detención. “En provincia de Buenos Aires hay 300 pulseras para 26 mil detenidos, así que con 100 pulseras estaremos holgados ya que no tenemos más de 550 detenidos”.
jueves, 10 de febrero de 2011
Fiscal fue recusada ya que insiste en archivar la muerte de "Pinky" Peralta
Nota extraída del diario El Chubut
10/02/2011
Durante una audiencia en Rawson, en la que fue aceptada la madre de la víctima como querellante, fue recusada la fiscal Antonia Suárez García, por insistir en archivar la causa de la muerte de Alejandro Peralta (a) «Pinky» de Comodoro Rivadavia, que apareció flotando en el río Chubut, luego de estar un mes desaparecido entre Puerto Madryn y Trelew, tras una detención policial en el Golfo.
La representación de la abogada Claudia Jones, tuvo un duro cruce con la fiscal que fue recusada por ambas, y la correspondiente réplica, la letrada y la madre de «Pinky» a raíz de la ostensible posición en juego que mantiene desde el 2009.
La querella que fue aceptada por el juez Roberto Barrios, dijo que había «pruebas suficientes para investigar», enarbolando «el derecho a la víctima que tiene la madre en saber qué pasó con su hijo». La parte enfoca sus sospechas en las persona que acompañaba a Peralta cuando éste, en ómnibus, salió de Comodoro Rivadavia rumbo a La Salada en Buenos Aires y nunca llegó, ya que ambos, «Chacho» y «Pinki» se bajaron en Puerto Madryn.
La letrada dijo que la fiscal le ordenó a una perito policial «que no le entregara fotografías de la causa a la querellante, porque no es nadie y no está aceptada».
La fiscal por su parte insistió en que -habiendo archivado la causa en dos oportunidades y reabierta únicamente por orden del juez Barrios y la fiscal jefe Mirta Moreno- que «no hay delito para determinar el origen de la muerte». Recordó que «la fiscal jefe me ordenó una nueva autopsia, que no arrojó nada nuevo, ya que si no tengo la causa de la muerte no puedo establecer si hay un homicidio».
Expresó que comprendía «la preocupación de la mamá (presente, luego habló) no me interesa lo que haya dicho la abogada» y negó haber manifestado que en esta causa, «se iban a acabar las habladurías», reiterando que «la muerte fue por asfixia por inmersión, no tenemos nada que investigar» y solicitó que «dejen en paz a este cuerpo que ha sido bastante manoseado».
Igualmente quedó pendiente la recusación de la fiscal que tendrá que hacerse en audiencia pública ante la fiscal jefe de la nombrada funcionaria
10/02/2011
Durante una audiencia en Rawson, en la que fue aceptada la madre de la víctima como querellante, fue recusada la fiscal Antonia Suárez García, por insistir en archivar la causa de la muerte de Alejandro Peralta (a) «Pinky» de Comodoro Rivadavia, que apareció flotando en el río Chubut, luego de estar un mes desaparecido entre Puerto Madryn y Trelew, tras una detención policial en el Golfo.
La representación de la abogada Claudia Jones, tuvo un duro cruce con la fiscal que fue recusada por ambas, y la correspondiente réplica, la letrada y la madre de «Pinky» a raíz de la ostensible posición en juego que mantiene desde el 2009.
La querella que fue aceptada por el juez Roberto Barrios, dijo que había «pruebas suficientes para investigar», enarbolando «el derecho a la víctima que tiene la madre en saber qué pasó con su hijo». La parte enfoca sus sospechas en las persona que acompañaba a Peralta cuando éste, en ómnibus, salió de Comodoro Rivadavia rumbo a La Salada en Buenos Aires y nunca llegó, ya que ambos, «Chacho» y «Pinki» se bajaron en Puerto Madryn.
La letrada dijo que la fiscal le ordenó a una perito policial «que no le entregara fotografías de la causa a la querellante, porque no es nadie y no está aceptada».
La fiscal por su parte insistió en que -habiendo archivado la causa en dos oportunidades y reabierta únicamente por orden del juez Barrios y la fiscal jefe Mirta Moreno- que «no hay delito para determinar el origen de la muerte». Recordó que «la fiscal jefe me ordenó una nueva autopsia, que no arrojó nada nuevo, ya que si no tengo la causa de la muerte no puedo establecer si hay un homicidio».
Expresó que comprendía «la preocupación de la mamá (presente, luego habló) no me interesa lo que haya dicho la abogada» y negó haber manifestado que en esta causa, «se iban a acabar las habladurías», reiterando que «la muerte fue por asfixia por inmersión, no tenemos nada que investigar» y solicitó que «dejen en paz a este cuerpo que ha sido bastante manoseado».
Igualmente quedó pendiente la recusación de la fiscal que tendrá que hacerse en audiencia pública ante la fiscal jefe de la nombrada funcionaria
jueves, 3 de febrero de 2011
Comienzan las tareas de control de la ejecución penal en la ciudad de Rawson
En virtud del acuerdo celebrado entre el Poder Judicial de la Provincia del Chubut; el Sr. Intendente de la Municipalidad de Rawson, Dn. Adrián López y la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del Dr. Diego Martinez Zapata; comenzaron las actividades destinadas al control de las personas liberadas condicionales; los condenados condicionales: como así también de los beneficiados con una suspensión del proceso a prueba.
Este acuerdo tiene como fin central avanzar en la reinserción social de las personas, detectando sus habilidades labores y/o profesionales; como así también, detectar las necesidades y requerimientos de las entidades de bien público a fin de lograr una vinculación entre los requerimientos y las prestaciones de servicios que puedan realizarse, logrando con esto satisfacer necesidades concretas de las personas involucradas y la sociedad en su conjunto.
Las tareas centrales serán gestionar y coordinar con las diversas instituciones de bien público, juntas vecinales, centros de formación y de capacitación y organismos específicos de la ciudad de Rawson.
A su vez, el trabajo incluye presentarse en los domicilios denunciados por beneficiados para efectuar el control, como así también en los lugares de trabajo y de capacitación donde asistan.
La supervisión de las tareas estará a cargo del Juez de Ejecución Penal, Dr. Alejandro Defranco y del Director de la Oficina Judicial de Trelew, Dr. Marcelo Nieto Di Biase.
Desde la Oficina Judicial se brindó a las profesionales destinadas para efectuar la tarea de campo el listado de las personas sobre las que se debe realizar el seguimiento del control, todas ellas domiciliadas en la ciudad de Rawson.
martes, 25 de enero de 2011
Visita de la Sra. Directora de Políticas Penitenciarias
a
El pasado viernes 21 de enero el Director de la Oficina Judicial de Trelew Dr. Marcelo Nieto Di Biase, recibió la visita de la Directora de Políticas Penitenciarias de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Chubut Tec. Univ. Carlota Marambio acompañada por el Lic. Guillermo Urrutia. En la reunión se encontraba presente la Lic. Nadia Guizzo, responsable del Área del Control de la Ejecución Penal de la Oficina Judicial de Trelew
El pasado viernes 21 de enero el Director de la Oficina Judicial de Trelew Dr. Marcelo Nieto Di Biase, recibió la visita de la Directora de Políticas Penitenciarias de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Chubut Tec. Univ. Carlota Marambio acompañada por el Lic. Guillermo Urrutia. En la reunión se encontraba presente la Lic. Nadia Guizzo, responsable del Área del Control de la Ejecución Penal de la Oficina Judicial de TrelewEl motivo del encuentro estuvo basado en la necesidad de establecer acuerdos entre las distintas instancias Nacionales, Provinciales y Municipales como así también entre los distintos Poderes del Estado en la implementación de procesos de capacitación destinados a las personas involucradas en procesos judiciales.
Contar con recursos para la capacitación y/o formación de las personas que así lo requieran o necesiten posibilitará generar mayores oportunidades para lograr la inclusión al medio laboral y social siendo éste un objetivo que beneficia a la comunidad en su conjunto.
En concordancia con lo indicado por el Secretario de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Martínez Zapata de la Provincia, la Directora de Políticas Penitenciarias Carlota Marambio y su asistente Guillermo Urrutia, conversaron sobre la posibilidad de diseñar un PLAN de ACCIÓN que contemple el trabajar conjuntamente en la caracterización y selección de personas liberadas a fin de conformar un Proyecto de carácter asociativo para que dichas personas puedan capacitarse e integrar un micro-emprendimiento socio-productivo.
La Lic Guizzo comentó sobre las gestiones que realizó con el responsable de la Escuela de Prefectura para que liberados puedan seguir un Curso de Marinero de 8 meses de duración poniendo el ejemplo de gestión en la necesidad imperiosa que se expresa en la petición de cada uno de los liberados que asiste: la de tener un trabajo digno para lograr efectivamente reinsertarse en la sociedad.
Coordinación de Oficinas Judiciales
Mediante el dictado del Acuerdo Nro. 275 b, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, dispuso la creación del cargo de Coordinador de Oficinas Judiciales, con el fin de establecer un espacio apto para la planificación estrategica, uniformidad de criterios y el desarrollo de medidas que involucren a todas las Oficinas Judiciales, y que incidan, en definitiva, en una optimization de los recursos, como asi tambien con el objeto de mejorar la eficiencia y la eficacia circunscripciones judiciales, coordinando para ello con el Sr. Presidente del Colegio de Jueces Penales. Así se designó como Coordinador de las Oficinas Judiciales al Dr. Marcelo Nieto DI BIASE, Director de la Oficina Judicial de Trelew, en la función de Coordinador Segundo al Dr. Oscar GARSES, Director de la Oficina Judicial de Sarmiento por el mismo lapso que los Sres. Presidentes de los Colegios de Jueces Penales.
sábado, 18 de diciembre de 2010
Se puso en marcha en la Alcaidía Policial de Trelew proyecto para capacitar en oficios a internos
Fuente: http://noticias.chubut.gov.ar
Se trata de “Habilidades” una iniciativa de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos con la colaboración del Ministerio de la Familia y Promoción Social. Martínez Zapata visitó el centro de detención
En el marco de la resociabilización de internos, el secretario de Justicia y Derechos Humanos del Chubut, Diego Martínez Zapata, encabezó en la Alcaidía Policial de Trelew el lanzamiento del proyecto “Habilidades”, una iniciativa impulsada por ese organismo provincial con la colaboración del Ministerio de la Familia y Promoción Social tendiente a capacitar en diversos oficios a quienes están privados de su libertad.
En la visita del funcionario al centro de detención, los internos recibieron materiales de trabajo gestionados por la Secretaría de Justicia a través de aportes realizados por el Instituto de Asistencia Social-Lotería del Chubut. En la ocasión se entregaron insumos de carpintería, herramientas de trabajo, maderas, pinceles, pinturas, barnices, lijas, entre otros materiales necesarios para la implementación del proyecto.
Martínez Zapata estuvo acompañado por la directora de Políticas Penitenciarias, Carlota Marambio; el director de la Oficina Judicial de Trelew, Marcelo Nieto Di Biase que junto con Marcos Nápoli asistieron en representación del Poder Judicial. También participaron autoridades de la Alcaidía Policial y por parte del Ministerio de la Familia estuvo presente el responsable y capacitador del programa, Ernesto Alvarez.
APRENDER UN OFICIO
La entrega de los insumos se desarrolló en un sector interno de la Alcaidía donde comúnmente los detenidos acceden a las capacitaciones. A partir de ahora y a través de las indicaciones que llevará adelante Ernesto Alvarez, los internos podrán fabricar todo tipo de utilidades en madera, entre los que se destacan juegos de mesa, especieros y estuches.La puesta en marcha del proyecto es de significativa importancia dado que el mismo procura que los internos utilicen su tiempo libre de distracción, realizando actividades para poder formarse en distintos oficios como es la carpintería. También el proyecto brinda contención emocional. Es destacar que la iniciativa se impulsa dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 24.660 en el marco de la resociabilización de los internos.
RECORRIDA
Martínez Zapata también realizó una recorrida por distintos sectores de la Alcaidía tomando contacto directo con algunos internos, recepcionando inquietudes y sugerencias. Además el funcionario en contacto con las autoridades del centro de detención se interiorizó sobre distintas temáticas y verificó aspectos edilicios además de otras cuestiones operativas que hacen a la funcionalidad de la institución.
martes, 30 de noviembre de 2010
Prisión preventiva para policía que baleó a su hijo
El juez Adrián Barrios dispuso ayer la prisión preventiva hasta el próximo 10 de diciembre, para el sargento de la policía provincial Carlos Brunt por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa agravado por el vínculo, tras haber baleado en una de sus piernas a uno de sus hijos de 20 años de edad.
Los hechos se produjeron el sábado pasado cerca del mediodía en el domicilio de la familia Brunt, en la casa 60 del barrio Policial de las 60 Viviendas en la zona norte de Rawson. La denuncia la realizó la propia esposa del suboficial de la Policía y fue corroborada por tres de sus hijos que se hallaban presentes al momento de producirse la balacera. Los testimonios fueron además corroborados por otro policía que reside frente al domicilio de la familia Brunt.
La esposa del imputado, la víctima, otros dos hijos del matrimonio y el policía fueron coincidentes al momento de describir los hechos.
Violencia familiar
Según indicó la funcionaria de fiscalía Florencia Gómez, la agresión a balazos se produjo tras una discusión y los intentos de Brunt por agredir con un cuchillo a su esposa. “Había estado tomando todo el día”, expresó la mujer en su testimonio que fue grabado y filmado por la Brigada de Investigaciones de Rawson y que resultó importante para la posterior decisión de Barrios.
La investigación realizada por los policías y el equipo de fiscales determinó además, que dos de los hijos salieron en defensa de la mujer por lo que el policía decidió dirigirse a su habitación desde donde regresó con su arma reglamentaria. En el interior de la casa los peritos hallaron 8 vainas servidas y los correspondientes impactos a distinta altura. “Tiró todo el cargador de su arma, los tiros fueron a toda la humanidad de la víctima y para esta fiscalía, Brunt tuvo la intención de terminar con la vida de su hijo”, indicó la fiscal Suárez García al momento de argumentar la necesidad de prisión preventiva para el imputado.
Disparos persuasivos
La defensora Gómez Lozano, argumentó que por tratarse de un policía, su experiencia profesional indicaría que si hubiese tenido esas intenciones, lo habría logrado. Agregó que las distintas alturas en que impactaron los proyectiles son indicativos de que no tuvo intenciones de impactar en zonas vitales del cuerpo del joven. Al momento de expresarse, Carlos Brunt dijo que los disparos fueron persuasivos ante la agresión que sufrió por parte de dos de sus hijos.
Esta argumentación no fue tenida en cuenta por Barrios que dispuso la prisión preventiva de Brunt hasta el próximo 10 de diciembre a la espera de las pericias de planimetría balística que se realizan a pedido de la fiscal Suárez García. Ese día se revisará la situación procesal del suboficial de policía.
Fuente: Diario Jornada - Chubut
La medida fue dispuesta ayer por la mañana al realizarse la audiencia de control de detenidos en la que el magistrado se interiorizó del hecho, de los cargos de la fiscalía y las argumentaciones de la defensa del imputado, con servicios en la Comisaría de Playa Unión.
La acusación estuvo representada por la fiscal de Rawson Graciela Suárez García y la defensa del imputado estuvo a cargo de la defensora oficial María Gómez Lozano.Los hechos se produjeron el sábado pasado cerca del mediodía en el domicilio de la familia Brunt, en la casa 60 del barrio Policial de las 60 Viviendas en la zona norte de Rawson. La denuncia la realizó la propia esposa del suboficial de la Policía y fue corroborada por tres de sus hijos que se hallaban presentes al momento de producirse la balacera. Los testimonios fueron además corroborados por otro policía que reside frente al domicilio de la familia Brunt.
La esposa del imputado, la víctima, otros dos hijos del matrimonio y el policía fueron coincidentes al momento de describir los hechos.
Violencia familiar
Según indicó la funcionaria de fiscalía Florencia Gómez, la agresión a balazos se produjo tras una discusión y los intentos de Brunt por agredir con un cuchillo a su esposa. “Había estado tomando todo el día”, expresó la mujer en su testimonio que fue grabado y filmado por la Brigada de Investigaciones de Rawson y que resultó importante para la posterior decisión de Barrios.
La investigación realizada por los policías y el equipo de fiscales determinó además, que dos de los hijos salieron en defensa de la mujer por lo que el policía decidió dirigirse a su habitación desde donde regresó con su arma reglamentaria. En el interior de la casa los peritos hallaron 8 vainas servidas y los correspondientes impactos a distinta altura. “Tiró todo el cargador de su arma, los tiros fueron a toda la humanidad de la víctima y para esta fiscalía, Brunt tuvo la intención de terminar con la vida de su hijo”, indicó la fiscal Suárez García al momento de argumentar la necesidad de prisión preventiva para el imputado.
Disparos persuasivos
La defensora Gómez Lozano, argumentó que por tratarse de un policía, su experiencia profesional indicaría que si hubiese tenido esas intenciones, lo habría logrado. Agregó que las distintas alturas en que impactaron los proyectiles son indicativos de que no tuvo intenciones de impactar en zonas vitales del cuerpo del joven. Al momento de expresarse, Carlos Brunt dijo que los disparos fueron persuasivos ante la agresión que sufrió por parte de dos de sus hijos.
Esta argumentación no fue tenida en cuenta por Barrios que dispuso la prisión preventiva de Brunt hasta el próximo 10 de diciembre a la espera de las pericias de planimetría balística que se realizan a pedido de la fiscal Suárez García. Ese día se revisará la situación procesal del suboficial de policía.
Fuente: Diario Jornada - Chubut
sábado, 20 de noviembre de 2010
Acuerdo por detenidos con prisión domiciliaria y tareas comunitarias
La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Chubut junto a la Municipalidad de Rawson aportarán personal con experiencia en trabajo social para colaborar con la Oficina Judicial de Trelew en las tareas que involucran a detenidos en prisiones domiciliarias y tareas comunitarias en materia de suspensión de juicio a prueba.
Por tal motivo este miércoles el secretario de Justicia y Derechos Humanos del Chubut, Diego Martínez Zapata; el presidente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Rebagliati Russell y el intendente de Rawson, Adrián López, firmaron un convenio de colaboración, en el marco de un acto desarrollado en la Municipalidad de la capital provincial..
El acuerdo tiene por objeto colaborar mediante el flujo de dos empleados técnicos y/ o profesionales con experiencia en asistencia social y trabajo social dependientes del Poder Ejecutivo y de la Municipalidad, en el ámbito de la Oficina de Control del Area de Ejecución Penal dependiente de la Oficina Judicial de la ciudad de Trelew, los que desarrollarán tareas con al menos tres personas idóneas con competencia que asigne el Poder Judicial.
El personal asignado desempeñará funciones consistentes en gestionar y coordinar con las diversas instituciones de bien público, juntas vecinales, centros de formación y capacitación y organismos específicos de Rawson para posibilitar la inserción de aquellas personas que deben cumplimentar con las pautas establecidas como tareas comunitarias impuestas.
También deberán efectuar el control y seguimiento de personas que se encuentran condenadas con pena de ejecución condicional, con el beneficio de libertad condicional, con probation, como así también las que gozan de salidas transitorias, presentándose en los domicilios ó en lugares de trabajo y por último deberán confeccionar y remitir informes que fueran solicitados por los Jueces Penales de esa Circunscripción Judicial.
Mediante el acuerdo será el Poder Judicial el que realizará la supervisión y traslado de las personas afectadas a estas tareas, aunque en la medida de las posibilidades tanto el Poder Ejecutivo como el municipio podrán colaborar con vehículos para el traslado.
Por tal motivo este miércoles el secretario de Justicia y Derechos Humanos del Chubut, Diego Martínez Zapata; el presidente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Rebagliati Russell y el intendente de Rawson, Adrián López, firmaron un convenio de colaboración, en el marco de un acto desarrollado en la Municipalidad de la capital provincial..
El acuerdo tiene por objeto colaborar mediante el flujo de dos empleados técnicos y/ o profesionales con experiencia en asistencia social y trabajo social dependientes del Poder Ejecutivo y de la Municipalidad, en el ámbito de la Oficina de Control del Area de Ejecución Penal dependiente de la Oficina Judicial de la ciudad de Trelew, los que desarrollarán tareas con al menos tres personas idóneas con competencia que asigne el Poder Judicial.
El personal asignado desempeñará funciones consistentes en gestionar y coordinar con las diversas instituciones de bien público, juntas vecinales, centros de formación y capacitación y organismos específicos de Rawson para posibilitar la inserción de aquellas personas que deben cumplimentar con las pautas establecidas como tareas comunitarias impuestas.
También deberán efectuar el control y seguimiento de personas que se encuentran condenadas con pena de ejecución condicional, con el beneficio de libertad condicional, con probation, como así también las que gozan de salidas transitorias, presentándose en los domicilios ó en lugares de trabajo y por último deberán confeccionar y remitir informes que fueran solicitados por los Jueces Penales de esa Circunscripción Judicial.
Mediante el acuerdo será el Poder Judicial el que realizará la supervisión y traslado de las personas afectadas a estas tareas, aunque en la medida de las posibilidades tanto el Poder Ejecutivo como el municipio podrán colaborar con vehículos para el traslado.
viernes, 12 de noviembre de 2010
NUEVO JUICIO RÁPIDO EN PUERTO MADRYN
Durante la audiencia realizada en los tribunales locales, la fiscal Miriam Pazos formuló verbalmente la acusación, ofreció las prueba y pidió la pena, solicitando al juez Gustavo Castro que la causa pase directamente a juicio abreviado. El imputado y su defensor no plantearon objeciones y de esta forma, mediante juicio abreviado, se condenó a Sergio Moyano a la pena de 7 meses de prisión en suspenso. Al estar la pena en suspenso, significa que si el imputado llegara a ser condenado por un nuevo delito, deberá cumplir la nueva condena más los 7 meses de prisión. Además, una de las características del juicio abreviado es que la condena queda automáticamente firme, sin posibilidad de impugnaciones por parte de la defensa, ya que el imputado reconoce su culpabilidad en el delito y acepta la pena. Asimismo, al ser declarado culpable, si el imputado fuera condenado por un nuevo delito, sería declarado reincidente y perdería el beneficio de las salidas transitorias.
Cabe recordar que entre las modificaciones del Código Procesal, una de ellas era brindar mayor tiempo de investigación en casos complejos, como estafas, abusos sexuales y homicidios y a su vez, en los casos más simples, como hurtos o amenazas, que se pueda llegar al juicio de forma más rápida. Esta modalidad ya se está implementando en Puerto Madryn, semanas atrás ante una “mechera” y actualmente en causas de “hurto”. Respecto a los juicios rápidos, la diputada provincial Mariana Ripa, había afirmado en declaraciones radiales ante LU17 que fue una “reforma central” y explicó “se trata de delitos que tengan penas menores a los seis años, además se incorporan delitos cometidos en flagrancia o de fácil investigación. Los fiscales y los defensores sostienen que el 50% de las causas tienen que ver con este tipo de delitos, con lo cual plantear un procedimiento así de rápido (hablamos de dos meses) es altamente interesante”. Por último Ripa señaló que “uno de los beneficios centrales que va a tener este procedimiento rápido, es poder obtener antecedentes penales”.
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